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Aprobada la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020

Con el fin de "promover una sociedad más competitiva, más integradora y sostenible"

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020, con la que se quiere dotar a la economía de un marco común de referencia que permita armonizar las distintas actuaciones que, en relación a la responsabilidad social, se están desarrollando tanto en el ámbito público como en el privado e impulsar la competitividad de las empresas españolas.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, puso de manifiesto que este documento supone el apoyo a prácticas responsables tanto desde el punto de vista del sector público como privado, así como "promover una sociedad más competitiva, más integradora y sostenible".

Además, asegura que la Estrategia se basa en los "principios de voluntariedad, la creación de valor compartido, la competitividad, una mayor cohesión social e inclusión social, transparencia y sostenibilidad, y protección de derechos humanos en económica más globalizada".

Esta Estrategia fue aprobada por el pleno Consejo Estatal de la Responsabilidad de las Empresas (Cerse) en su reunión del pasado mes de julio, consta de cuatro objetivos, diez líneas de actuación y sesenta medidas concretas de actuación, que deben ser evaluadas.

Las diez líneas de actuación en las que se articulan las medidas son la promoción de la responsabilidad social; la integración de la RSC en la educación, formación e investigación; el buen gobierno y la transparencia; la gestión de recursos humanos y el fomento del empleo; la inversión socialmente responsable e I+D+i; la relación con los proveedores; el consumo responsable; el respeto al medio ambiente; la cooperación al desarrollo; y la coordinación y participación.

Las medidas se han dividido de acuerdo a su grado de prioridad. Así, hay doce que se han identificado como "muy alta", entre las que figuran la puesta en marcha de un procedimiento de publicación de memorias de RSC; el desarrollo de una herramienta para el envío de este tipo de documentos; la creación de una web específica sobre responsabilidad social; el impulso de prácticas de buen gobierno; promover los informes de buen gobierno y sosteniblidad entre las empresas del sector público; fomentar la fiscalidad responsable; impulso de actuaciones para luchar contra el fraude laboral y fiscal, así como la economía sumergida; promoción de la ética y la transparencia en las organizaciones; impulsar la RSE como mecanismo para fortalecer la imagen de España; fomentar la elaboración de informes anuales; garantizar el cumplimiento de los derechos humanos; y poner en marcha mecanismos de coordinación entre la Administración central y las comunidades autónomas.

PRIORIDAD ALTA
En el capítulo de prioridad "alta" se encuentran dieciocho medidas, entre ellas la promoción de criterios de RSC; el fomento de prácticas de responsabilidad social entre pymes y entidades de la economía social; el impulso de actuaciones que favorezcan la diversidad y la igualdad de oportunidades; potenciar la contratación indefinida; y la gestión de la cadena de suministros responsable, entre otras. Respecto a las que han sido calificadas como prioridad "media" figuran 30 medidas.

El seguimiento del cumplimiento de estas medidas será coordinado por la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, que propondrá al Cerse un grupo de trabajo que establezca los indicadores de seguimiento, resultado e impacto en relación con cada una de las iniciativas.
En base a éstos se realizará un informe anual que se presentará tanto a dicho Consejo como a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Sociales, donde se reflejará el grado de ejecución y de desarrollo de la responsabilidad social en España.

Por otro lado, en la Estrategia se asegura que el Ministerio debe habilitar los medios precisos para que el Cerse "se constituya como Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas en España", tal y como establece el real decreto de su constitución.

Sus actuaciones se centrarán en la elaboración de un modelo para promover que las empresas del sector público elaboren informes de buen gobierno y responsabilidad social. También tendrá que hacer una guía de buenas prácticas en materia de inversión socialmente responsable, así como la realización de un estudio y análisis de un informe sobre derechos humanos y empresas, entre otros aspectos.

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