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Período 2006-2010

Un estudio examinará el gasto público en discapacidad

El Observatorio Estatal de la Discapacidad se propone realizar un estudio sobre el gasto público en discapacidad referente al periodo 2006-2010.

El objetivo de este estudio es cuantificar el gasto en discapacidad de las Administraciones Públicas y, en especial, de la Administración General del Estado (incluida la Seguridad Social) y de las Comunidades Autónomas. No incluirá, por tanto, los gastos de las Corporaciones Locales, ante las dificultades de identificación y agregación, pero se identificarán las principales partidas de gasto.

Además de conocer la cuantía de los recursos económicos que se destinan a las políticas relativas a las personas con discapacidad, otro de los objetivos que se plantea el Observatorio Estatal de la Discapacidad es la continuidad y actualización del estudio en los años siguientes.

Así, dentro de la Administración General del Estado, en referencia a los presupuestos de 2010, las primeras partidas que se analizarán serán los créditos del Ministerio de Sanidad y Política Social destinados a discapacidad y, en particular, los créditos para el desarrollo del Plan de Acción para Personas con discapacidad y las transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro para programas de personas con discapacidad.

También se analizarán los créditos del Ministerio de Educación destinados a Educación Especial, así como las becas y ayudas a estudiantes; y dentro del Ministerio de Trabajo e Inmigración, se analizará el programa de fomento de la inserción y estabilidad laboral y los créditos para pensiones asistenciales de enfermedad dentro del programa de pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales.

En lo relativo a la Seguridad Social, el estudio analizará las pensiones de incapacidad permanente, las no contributivas de invalidez, los servicios sociales de la seguridad social para personas con discapacidad, la autonomía personal y atención a la dependencia, y los créditos destinados al abono de las prestaciones económicas de la LISMI.

Además, se contemplará el importe de las desgravaciones, bonificaciones y exenciones fiscales, que por su naturaleza no se reflejan en los presupuestos.  

En el caso de las Comunidades Autónomas, se explotarán los presupuestos de las Consejerías competentes en materia de discapacidad y dependencia y las partidas relacionadas con discapacidad que pueda haber en otras consejerías, como la de Educación o Trabajo.

Por otra parte, el estudio utilizará como fuente, fundamentalmente, los Presupuestos, que recogen la previsión de gastos de las Administraciones Públicas, complementada por información sobre la liquidación de presupuestos y de otras fuentes que permitan la cuantificación del gasto real.

En este sentido, se basará en los Presupuestos Generales del Estado, los Presupuestos de las Comunidades Autónomas, las memorias institucionales de los organismos competentes en discapacidad, las estadísticas de pensiones de la Seguridad Social, y las estadísticas del Sistema de Información del SISAAD.

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