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Para garantizar los derechos sociales

El Tercer Sector pide reformar la Constitución

La Plataforma del Tercer Sector, que agrupa a las principales organizaciones del ámbito social, ha reclamado una reforma de la Constitución para que el Estado comparta con las comunidades las competencias de las políticas sociales y se eliminen los desequilibrios territoriales en las prestaciones.

Las entidades sociales han presentado un decálogo de propuestas electorales en materia social, que van a trasladar a las formaciones políticas que concurren a los próximos comicios para que las incorporen en sus programas.

Una de ellas es la reforma del título octavo de la Constitución Española (CE) para que la administración central disponga de una competencia de naturaleza compartida con las comunidades en el desarrollo y aplicación de políticas de solidaridad e inclusión social.

"El cambio constitucional no pasa por quitar las competencias de los servicios sociales a las comunidades autónomas, sino por dotar a la administración general del Estado de una parte de la competencia para que pueda complementar los desequilibrios territoriales" que existen actualmente, ha asegurado el presidente de la plataforma, Luciano Poyato.

En este sentido, ha defendido la necesidad de "garantizar a una persona, independientemente de donde ha nacido, los mismos derechos en la práctica".

Con el mismo objetivo, la plataforma propone una ley estatal de rentas mínimas garantizadas, que incluya la "misma renta" para todo el territorio que debe situarse en torno al salario mínimo profesional, que impida que las personas que lo precisen se queden en la exclusión.

"Pedimos una ley de derechos sociales y que las prestaciones sean equitativas en todas las comunidades autónomas", ha dicho Poyato, quien ha insistido en que "tiene que haber algo estatal que compense esos desequilibrios económicos".

La plataforma -a la que pertenecen Cruz Roja, Cáritas, la Plataforma del Voluntariado, la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social del Estado Español (EAPN), el Cermi y la ONCE, entre otras- reclaman un pacto contra la pobreza para la reducción de un 15 por ciento del número de personas en situación o riesgo de pobreza y un 25 por ciento la tasa de pobreza infantil.

Para la exclusión social y la pobreza, creen que debe comprometerse un presupuesto anual de mil euros e incrementar hasta el 0,4 por ciento del PIB la Ayuda Oficial al Desarrollo, como paso previo a alcanzar el compromiso internacional del O,7 %.

Entre sus reivindicaciones, se incluye la de derogar la reforma sanitaria que dejó sin tarjeta a los inmigrantes en situación irregular, para garantizar el derecho universal a la asistencia en el Sistema Nacional de Salud.

"Reclamar la reforma de la Constitución no es una cuestión de moda, sino una realidad porque la exclusión social ha aumentado y precisa esos cambios" que conviertan los derechos sociales, culturales y económicos en derechos fundamentales, ha asegurado Poyato.

El responsable de la plataforma ha advertido de que "la crisis, en el ámbito de la exclusión social, va a tardar mucho tiempo en remontar".

Por ello, las entidades sociales abogan por el diálogo y reclaman una interlocución del Tercer Sector en el Comité Económico y Social español y europeo.

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