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Sanidad

CERMI pide al Gobierno que rectifique lo retrocesos incluidos en el decreto sanitario

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, pidió este miércoles al Gobierno que "rectifique" los "retrocesos" que supondrá para los ciudadanos con discapacidad la aplicación del decreto sanitario si no se modifica.

Este decreto, el que contiene medidas sanitarias para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) debe convalidarse este jueves en el Congreso de los Diputados, donde varios grupos parlamentarios como el PSOE, la Izquierda Plural y CiU han pedido que se tramite como proyecto de ley para tener la oportunidad de introducir modificaciones en él.

De la misma opinión que estos grupos es el Cermi, cuyo presidente compareció hoy en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad para dar cuenta de las principales demandas del colectivo esta legislatura.

En su intervención, Pérez insistió en la necesidad de que el Ejecutivo "rectifique" y cambie algunos aspectos recogidos en el citado decreto, bien en su tramitación parlamentaria si finalmente accede a convertirlo en un proyecto de ley, o bien en su desarrollo reglamentario posterior.

Para el representante de la plataforma de la discapacidad en España, el decreto supone "un retroceso" para este colectivo y el Gobierno tendría que enmendarlo.

Concretamente, explicó, la norma acaba con la excepción que garantiza hasta ahora a las personas con un grado de discapacidad del 33% o superior el acceso a la Seguridad Social aunque no gocen de ese derecho, al situar el baremo en el 65%.

Pese a que parece que las leyes les amparan, existe la duda razonable de si estos ciudadanos quedarán sin protección sanitaria o no con la aplicación del decreto, prosiguió.

Tampoco está de acuerdo el Cermi con la parte de la norma que habla de la prestación ortoprotésica y del transporte sanitario no urgente, que tendrán que pagar, en parte, los ciudadanos cuando lo utilicen, si no se modifica el decreto.

Y es que, en función del texto legal, tanto las prestaciones ortoprotésicas como el transporte sanitario no urgente pasarán de la cartera básica de servicios sanitarios a la complementaria, lo que no comparte el sector de la discapacidad.

Una silla de ruedas, aseguró el presidente de la plataforma, puede costar más de 10.000 euros y es necesaria para las personas con discapacidad, a las que permite trabajar , hacer una vida lo más normalizada posible y, por tanto, dignificarse.

Para el comité, estos "retrocesos" son fruto de la "precipitación" y de la "falta de diálogo", nunca presume de la "deliberación" ni del deseo de hacer las cosas mal.

Por este motivo, el Cermi cree que el Gobierno está todavía a tiempo de rectificar y mejorar las cosas, bien en el Parlamento, bien en el desarrollo reglamentario, pero, en cualquier caso, contando con los afectados que, dijo, le brindan su ayuda.

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