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El CERMI pide el apoyo de los grupos políticos del Congreso para terminar con las restricciones legales al matrimonio de las personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que apoyen la toma en consideración de la Proposición de Ley de reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que se debate en el pleno de la Cámara hoyjueves, pues así se acabará con las restricciones legales al matrimonio que sufrirían determinadas personas con discapacidad.

Con esta iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP), se busca dar solución al problema creado en el año 2015, cuando se modificó el artículo 56 del Código Civil, extendiendo a las personas con discapacidad visual y auditiva la necesidad de contar con un dictamen médico previo que certificara la validez de su consentimiento a la hora de contraer matrimonio.

En ese momento, el CERMI y sus organizaciones miembro denunciaron esta regresión legal y desde entonces se ha actuado con presión política y social para que se corrigiera legalmente este retroceso y que ninguna persona con discapacidad se vea perjudicada en el ejercicio de sus derechos de contenido civil.

La Proposición de Ley del GPP, cuya toma en consideración se debate este jueves, es producto de esa presión y fue acordada por el CERMI con el Ministerio de Justicia y el Grupo que sostiene al Gobierno, tras un arduo proceso de negociación al efecto.

Con la misma, se resuelven los problemas denunciados y se establece un régimen legal respetuoso con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El CERMI y sus organizaciones miembro de discapacidad sensorial (personas ciegas y personas sordas, y familias) y de discapacidad intelectual, cuya base social es la más afectada por las medidas restrictivas, la apoyan, entendiendo que subsana el error cometido en 2015, la cual amplió la exigencia de dictamen médico a contrayentes con discapacidad sensorial. Además, esta reforma de 2017 corrige la discriminación histórica que arrastraban desde siempre las personas con discapacidad intelectual en el acceso al matrimonio.

El CERMI plantea también a los Grupos políticos que la iniciativa se tramite con la mayor celeridad para que pueda estar aprobada antes de finales de junio de 2017, fecha en que entraría en vigor la reforma de 2015, cuya efectividad se aplazó a este momento, y así no tenga ningún efecto práctico en la vida de las personas con discapacidad.

Fuente: CERMI

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