De cara a las elecciones del 20 de diciembre
El CERMI pide que se incremente la presencia de personas con discapacidad en las listas electorales
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido que, de cara a las próximas elecciones generales del 20 de diciembre, se incremente la presencia de personas con discapacidad en las listas electorales.
Así lo ha explicado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, quien ha reconocido que, aunque la participación de estas personas se haya incrementado, "los partidos todavía no han asumido a la hora de confeccionar sus listas la dimensión inclusiva". "Si se quieren parecer a la sociedad a la que pretenden pedir su confianza para gobernar y servir, tienen que parecerse a ella", ha indicado.
En este sentido, ha reclamado una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que haya una obligación en las listas de que al menos de cada diez puestos una persona tenga discapacidad, que es "la proporción aproximada que suponen estas personas en el conjunto de la sociedad española".
Asimismo, Pérez Bueno ha reclamado una reforma constitucional en la que se tengan en cuenta la discapacidad y los derechos sociales, y no sólo asuntos de carácter territorial. El presidente del CERMI se ha referido de esta forma a la posible reforma constitucional que varios partidos políticos han planteado para la próxima legislatura, ya que con un "marco constitucional más exigente, los efectos de la crisis económica actual y futuras serían menores".
DERECHO A VOTO
En cuanto a la imposibilidad de que unas 80.000 personas con discapacidad mental, intelectual o deterioro cognitivo puedan ejercer su derecho al voto, Pérez Bueno ha denunciado que "es una anomalía enorme que hiere no sólo la sensibilidad, sino cualquier visión exigente de los derechos humanos", y ha tildado este asunto de "negación de la democracia".
Además, ha recordado que esta medida no tiene ningún coste económico para las arcas públicas, puesto que sólo se trata de modificar la legislación actual. En su opinión, el problema es que "en el imaginario de muchos políticos y gobernantes permanece la idea de que las personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental son influenciables, son ciudadanos de segunda que pueden estar sometidos a riesgo de mediatización política".
En esta línea, Pérez Bueno ha comentado que a los responsables políticos se les ha recordado que esos mismos argumentos eran los que se esgrimían cuando se les prohibía el voto a las mujeres. "La historia se repite para lo malo, y ojalá que esta sean las últimas elecciones en las que hay una parte numéricamente importante, aunque no determinante, que están excluidas de algo tan esencial como votar", ha concluido.
Fuente: Europa Press
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido que, de cara a las próximas elecciones generales del 20 de diciembre, se incremente la presencia de personas con discapacidad en las listas electorales.
Así lo ha explicado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, quien ha reconocido que, aunque la participación de estas personas se haya incrementado, "los partidos todavía no han asumido a la hora de confeccionar sus listas la dimensión inclusiva". "Si se quieren parecer a la sociedad a la que pretenden pedir su confianza para gobernar y servir, tienen que parecerse a ella", ha indicado.
En este sentido, ha reclamado una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que haya una obligación en las listas de que al menos de cada diez puestos una persona tenga discapacidad, que es "la proporción aproximada que suponen estas personas en el conjunto de la sociedad española".
Asimismo, Pérez Bueno ha reclamado una reforma constitucional en la que se tengan en cuenta la discapacidad y los derechos sociales, y no sólo asuntos de carácter territorial. El presidente del CERMI se ha referido de esta forma a la posible reforma constitucional que varios partidos políticos han planteado para la próxima legislatura, ya que con un "marco constitucional más exigente, los efectos de la crisis económica actual y futuras serían menores".
DERECHO A VOTO
En cuanto a la imposibilidad de que unas 80.000 personas con discapacidad mental, intelectual o deterioro cognitivo puedan ejercer su derecho al voto, Pérez Bueno ha denunciado que "es una anomalía enorme que hiere no sólo la sensibilidad, sino cualquier visión exigente de los derechos humanos", y ha tildado este asunto de "negación de la democracia".
Además, ha recordado que esta medida no tiene ningún coste económico para las arcas públicas, puesto que sólo se trata de modificar la legislación actual. En su opinión, el problema es que "en el imaginario de muchos políticos y gobernantes permanece la idea de que las personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental son influenciables, son ciudadanos de segunda que pueden estar sometidos a riesgo de mediatización política".
En esta línea, Pérez Bueno ha comentado que a los responsables políticos se les ha recordado que esos mismos argumentos eran los que se esgrimían cuando se les prohibía el voto a las mujeres. "La historia se repite para lo malo, y ojalá que esta sean las últimas elecciones en las que hay una parte numéricamente importante, aunque no determinante, que están excluidas de algo tan esencial como votar", ha concluido.
Fuente: Europa Press
